Prostitución y modelos de intervención pública

  • 28 abril, 2015

La prostitución es uno de esos temas sobre los que todo el mundo tiene una opinión. Además, es una de las cuestiones más discutidas en el entorno feminista. A nivel coloquial se habla de legalización sí o no y resulta complicado encontrar un mapa sencillo que nos sirva para analizar las posibilidades de regulación legal que existen. Esta entrada pretende ser un esquema que lo facilite.

La prostitución es un fenómeno social que, desde el punto de vista del Estado, se puede abordar de diferentes maneras. Yo entiendo que existen tres modelos: prohibicionismo, reglamentarismo y abolicionismo.

El prohibicionismo castiga a las prostitutas, proxenetas y en algunos casos a los clientes (Irlanda es uno de los países más rígidos en este sentido).

El modelo reglamentarista regula el ejercicio de la prostitución en determinadas condiciones y sanciona la actividad que se realice fuera de los espacios o ámbitos en los que es legal. El Estado por tanto va a asumir el control del ejercicio de la actividad. En este punto hay que tener en cuenta que la despenalización de la prostitución supone la despenalización de la actividad de los proxenetas, clientes, prostíbulos…Así, en el modelo reglamentarista se limita el ejercicio de la prostitución a determinados lugares (como el barrio rojo holandés) y se identifica a las prostitutas. En otras épocas esto se hacía obligándolas a llevar vestimentas determinadas. En la actualidad quedan identificadas en virtud a los epígrafes específicos para cotizar a la Seguridad Social, ya que las personas que defienden este tipo de regulación, proponen que a las mujeres se las considere trabajadoras para que puedan beneficiarse de unos derechos de los que ahora carecen.

Este modelo que está, podríamos decir, en auge, se ha basado históricamente en argumentos relacionados con la necesidad de los hombres de satisfacer su sexualidad, después con argumentos higienistas o de salud pública, y en la actualidad con la defensa de la supuesta libertad de las mujeres que ejercen la prostitución y como medio para acabar con la trata de blancas. La política neoliberal pretende normalizar la prostitución como una manera de entretenimiento sexual en la que sujetos en las mismas condiciones intercambian servicios. Esto, unido a una supuesta liberación sexual, conforma el sustrato argumental teórico de la postura reglamentarista. Por otro lado encontramos los argumentos “prácticos”, según los cuales si es una realidad que ya existe, es necesario regularla por el bien de las personas que se prostituyen y además así aumentarán los ingresos del Estado vía impuestos sobre la actividad.

En tercer lugar tenemos el modelo abolicionista, que parte de la base de que la prostitución es un fenómeno social no deseable que supone de forma intrínseca la dominación del hombre sobre la mujer y es por tanto consecuencia del patriarcado. El punto central de este modelo es que trata a las mujeres como víctimas y en ningún caso las sanciona. Se debe perseguir a quienes se aprovechan del mercado de la prostitución o lo favorecen y, además, a quien compra servicios sexuales. Suecia es el paradigma del modelo abolicionista. Pone en el centro de la cuestión la demanda de servicios sexuales, esto es, al cliente. La ley sueca se promulgó en 1999. Desde entonces ha disminuido de manera muy significativa el número de prostitutas así como la trata. Además, la Ley también tiene una función normativa. Responde a la creencia firme y concreta de que en Suecia las mujeres y las niñas no están en venta, y produce un rechazo social hacia los hombres que pagan. Y es que sin demanda no habría ni trata ni prostitución.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *